Milei promulgó la ley que flexibiliza la protección de los hielos eternos para priorizar la extracción de litio y cobre en la cordillera.
La montaña argentina ya no será la misma tras la publicación del Decreto 271/2026 en el Boletín Oficial, que liquida la protección histórica de 2010. Con la firma del Presidente, se oficializa un nuevo esquema que permite la actividad minera en zonas que antes eran intocables, dejando en manos de las provincias la decisión final sobre qué glaciar se cuida y cuál se entrega al mejor postor.
El argumento oficial es que hay que «destrabar inversiones» y que el país necesita los dólares del cobre y el litio para salir adelante. Para el Gobierno, la ley anterior era un palo en la rueda del progreso. Ahora, las restricciones solo correrán para zonas con «importancia hídrica comprobada», una definición técnica que abre un gris peligroso donde las empresas podrían avanzar sin frenos sobre el ambiente periglacial.
La grieta estalló de inmediato. Mientras los sectores mineros festejan que se terminó la «parálisis» de proyectos millonarios, la comunidad científica puso el grito en el cielo. Investigadores y organismos académicos aseguran que esta flexibilización es un suicidio ambiental que pone en riesgo las reservas estratégicas de agua dulce del país a largo plazo.
El poder que ganan los gobernadores es el punto más polémico. Aunque el Ianigla sigue con el registro técnico, son las jurisdicciones locales las que ahora tendrán la última palabra para incluir o excluir áreas protegidas. En una Argentina necesitada de fondos, muchos se preguntan si los controles provinciales serán suficientes para frenar la ambición de las multinacionales.
La suerte está echada y los glaciares ya tienen precio. ¿Es el desarrollo económico una excusa válida para poner en riesgo el agua de las futuras generaciones o estamos ante el mayor saqueo ambiental de la década?
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