La orden del presidente Rodrigo Paz de detener al líder del principal sindicato obrero y la millonaria recompensa a las fuerzas de seguridad dinamitaron la posibilidad de una tregua en las calles.
El estallido social en el país vecino entró en una fase de violencia descontrolada que repercute con fuerza en los debates de la diplomacia argentina. La Policía de Bolivia confirmó el despliegue de un megaoperativo de saturación en La Paz y El Alto, dejando un saldo oficial de más de 127 personas detenidas y once uniformados heridos en un intento desesperado por contener la primera gran crisis política y económica del nuevo gobierno de derecha.
La polémica estalló con fuerza tras las denuncias que exponen un presunto mecanismo de recompensas económicas para los policías que participen de los operativos contra las manifestaciones. El gobierno de Rodrigo Paz optó por endurecer el frente judicial emitiendo órdenes de captura por terrorismo contra el titular de la Central Obrera Boliviana (COB), una estrategia que los analistas locales califican como un intento de sembrar miedo para frenar los bloqueos de rutas que ya cumplen quince días.
El brutal desabastecimiento de alimentos, combustible y oxígeno medicinal mantiene en vilo a los principales centros urbanos del altiplano, donde los sindicatos campesinos y el magisterio exigen mejoras salariales urgentes y rechazan la quita de los subsidios a los combustibles. La tensión internacional escaló luego de que el expresidente Evo Morales denunciara que el gobierno argentino envió material de represión camuflado como ayuda humanitaria en aviones militares, una acusación que sumó combustible al conflicto.
La intransigencia de las facciones en disputa coloca a la región en un callejón sin salida institucional, con las bases movilizadas exigiendo la renuncia inmediata del mandatario nacional. El plan oficial para reformar la Constitución y abrir la economía a los monopolios privados terminó por unificar el rechazo de los sectores mineros y agrarios, recreando los escenarios más oscuros de las crisis presidenciales de principios de siglo.
La preocupante escalada de las hostilidades deja el panorama abierto a una mayor radicalización de las protestas en el mediano plazo. Las próximas jornadas determinarán si el respaldo de las potencias extranjeras al orden democrático boliviano es suficiente para sostener a la administración central o si la persistencia de los piquetes termina por forzar un quiebre definitivo en el mapa político de América del Sur.
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